En el día de ayer se llevó a cabo la quinta y última audiencia de producción de prueba del juicio por una herencia millonaria que se está desarrollando en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Pergamino.
Leonor Estallo Sánchez, de 100 años, acusa a su nuera, a dos de sus nietas y a una escribana de haber inducido a que Zulma Estallo Sánchez, su hermana, firmara un testamento en el que les otorgó las propiedades que en realidad le corresponden a ella.
En concreto, la denunciante reclama dos estancias de alrededor de 3 mil hectáreas y más de 12 departamentos y casas distribuidos en diferentes lugares del país. Según la querella, los acusados llevaron a vivir a su tía abuela a la casa familiar durante su último tiempo de vida con el único objetivo de que firmara un testamento que los favoreciera con la herencia y de esta manera dejar a Leonor sin su parte.
El abogado que representa a Leonor, Roberto Casorla Yalet, dialogó con los medios tras la finalización de la audiencia de ayer y sostuvo: "La teoría del caso que hemos planteado inicialmente está probada. Es decir que pudimos demostrar que hubo un instrumento público falso, que se mal utilizó la capacidad limitada que tenía Zulma para hacerla suscribir una serie de documentos con el fin de desheredar a mi representada. Y finalmente, y el punto más importante, no existe ningún indicador probatorio que pueda traer aparejada la posibilidad de que la voluntad de Zulma haya sido dejar sin bienes a su hermana", expresó.
Y agregó: "Ha quedado probada la estafa, el uso de instrumento público falso y la falsificación de instrumento público por parte de la escribanía de Florencia Peries y del grupo que, por asociación criminal de manera organizada y con expresa división de roles, han llevado adelante Noemí Sánchez, Verónica Giménez y Paula Giménez.Durante el proceso, no existió ninguna prueba que traiga aparejada las conclusiones de la teoría del caso de la defensa".
El abogado sostuvo que durante las cinco extensas jornadas se respetaron los derechos constitucionales de debido proceso, de legalidad y contradicción. "Todo lo que ocurrió en el marco de este debate fue en el ámbito del cumplimiento de nuestra Constitución".
El próximo jueves será el turno de que ambas partes presenten sus alegatos de clausura y luego el juez Picco deberá resolver el veredicto en base a todas las pruebas presentadas durante esta semana.
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